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Por Ley, instituciones como el Ministerio de Ambiente, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) y algunas entidades adscritas tienen obligación como entes rectores o ejecutores de la política pública de protección animal y ambiental.

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Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) y algunas entidades adscritas tienen obligación como entes rectores o ejecutores de la política pública de protección animal y ambiental.

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