Mucho antes de la consulta popular del año 2011, organizaciones y personas particulares quienes estamos a favor de la terminación de los espectáculos de maltrato animal (entre ellos las corridas de toros en todas sus formas) realizamos acciones informativas y de presión social en cada uno de los casos donde las opiniones o gustos personales de las autoridades de turno (entre ellas gobernadores, ministros o intendentes) se contrapusieron a las normas establecidas y/o (en su ausencia) a la lógica que debe primar en el Estado: la cual es la búsqueda de la paz y eliminación de toda forma de violencia.
En los últimos 10 años hemos asistido a continuos logros para evidenciar ante la opinión publica la tragedia que significan las corridas de toros (tanto para animales -toros y caballos- así como personas) y al mismo tiempo han ocurrido acciones de orden normativo, administrativo y judicial que han concordado con el crecimiento de la sensibilidad y conciencia ciudadana. Acciones como elevar paulatinamente la restricción de ingreso primero a menores de 12 años, luego 16 y finalmente 18 años, el cuestionamiento al uso de espacios públicos (antiguas plazas) para la realización de corridas, fallos judiciales descartando pretensiones de gremios de periodistas, empresarios y empleados taurinos a quienes supuestamente se afectaba su derecho al trabajo, etc., han ayudado a que este negocio se evidencie ante la colectividad como lo que es: un acto de crueldad contra los animales el cual, a estas alturas de la “civilización humana” no debería tener cabida.
Lastimosamente nuestra cultura política es indescifrable y está sujeta a los vaivenes de intereses tanto económicos como de gustos particulares. Y en este sentido va la siguiente reflexión.
La incorporación en el actual gobierno de dos personas de las cuales se conoce su afición taurina, en puestos clave como autoridades de la política, puede considerarse como una amenaza los logros alcanzados.
De Juan Sebastián Roldan se ha conocido que es familiar de Cristóbal Roldan, quien gerencia la ganadería de toros de lidia Peñas Blancas asentada en los alrededores de Machachi (sur de Quito); en su posición como secretario particular del Presidente esta en capacidad de gestionar con los promotores taurinos las reuniones necesarias para que las corridas “vuelvan” a obtener la legitimidad que consideran han perdido y presionar además a nivel jurídico sus supuestos derechos restringidos así como su “derecho a la libertad de practicar su cultura” (violenta, dicho sea de paso).
Se ha visto de nuevo en la arena a la familia Solines, quienes mantuvieron Capea de Quito por varios años. Habrá que ver cuales son sus intereses y mecanismos de presión.
El riesgo mayor, de momento, es la reciente denominación de María Paula Romo como Ministra del Interior. Romo (precursora del grupo político “Ruptura de los 25” junto con Roldan, grupo que rompiera hace años relaciones con Alianza País) se ha mostrado detractora de la inclusión de la pregunta #8 de la Consulta Popular del año 2011 (relacionada a la eliminación de espectáculos públicos donde se da muerte a animales) y aunque su análisis ha tratado de apegarse a supuestas faltas de competencias o exceso de atribuciones por parte del Ejecutivo de ese momento, realmente ella es una aficionada taurina que defiende a ultranza este terrible espectáculo. Por funciones y competencias del Ministerio del Interior, Romo estaría en la capacidad de negociar con los Gobernadores provinciales así como dar las órdenes a toda la línea de subalternos en la Policía Nacional (incluyendo a los intendentes que otorgan los permisos para la realización de las corridas de toros) para que los espectáculos se retomen en ciertas ciudades, la restricción judicial de entrada de menores no se cumpla o peor aún, eventos de uso de animales se fomenten.
Con lo que no cuentan ninguno de los lobistas, empresarios y autoridades taurinas (incluido el Presidente) es que la conciencia ciudadana ha crecido exponencialmente en estos años, que las personas están mucho mas claras y sensibles ante la tortura sistemática y premeditada que este evento sangriento provoca en los toros y caballos, y que existen sentencias judiciales en firme que protegen a niños, niñas y adolescentes de la exposición de violencia salvaje que ocurre en estos actos.
Confiamos, esperamos de verdad, que las nuevas autoridades de la política no antepongan sus intereses y gustos personales en detrimento de objetivos mayores y más importantes: los derechos de la naturaleza y la búsqueda de la paz para todos los seres.
