La semana del 20 al 25 de agosto de 2018 tuvimos la oportunidad de agendar una serie de reuniones en varios municipios de la costa ecuatoriana, concretamente en las provincias de Manabí y Guayas. Nuestro “tour” tuvo como finalidad investigar la situación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) mismos que tienen competencias y funciones para el manejo de fauna desde el año 2010 con la promulgación del nuevo Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, y más recientemente con la entrada en vigencia del Código Orgánico Ambiental COA desde abril de 2018.
Tuvimos noticias de todo. Unas muy gratificantes al verificar el interés y los esfuerzos que se hacen desde algunos municipios con mejor capacidad, presupuesto y organización; y por otro lado, tristeza de reconocer las entormes trabas que el sistema público presenta para la ejecución de las normativas, mucho más de aquellas relacionadas a naturaleza y ambiente.
Pudimos notar, en resumidas cuentas, que la acción de los GADs en materia de fauna urbana sortea los tres siguientes problemas fundamentales:
- En ciertos casos y temas existe falta de conocimiento, situación perfectamente resoluble a través de la capacitación y la extrapolación de modelos de gestión nacionales e internacionales acomodados a la realidad local.
- Cuestiones orgánicas, es decir organización interna. No existe o es difusa la estructura técnica y financiera que sostenga al programa. Este problema suele radicar en la voluntad política de alcalde y concejales.
- Limitaciones administrativas que tienen que ver con la garantía de recursos, desde su asignación hasta su devengación: recurso financiero, material y de talento humano.
De acuerdo a las entrevistas sostenidas con autoridades (concejales), funcionarios directivos y operativos (directores de gestión ambiental, salud y jefes de los programas de manejo de fauna urbana, arbolado urbano, higiene o manejo de residuos), la operativización del COA en sus cantones será prácticamente imposible a corto plazo. De acuerdo a recomendaciones internas así como también de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, no es posible incluir en la planificación operativa POA del año 2019 ningún plan o proyecto de manejo de fauna en virtud de que el Reglamento del COA (que se supone debe definir de mejor manera las competencias, funciones, cooperaciones o coordinaciones en el tema) no se ha emitido aún, razón por la cual, cualquier intento de ejecución de acciones podría posteriormente contraponerse a lo que dictaminare dicho reglamento, provocando abrogación o subrogación de funciones (dos hechos que revisten gravedad en el ámbito público, sobre todo en exámenes de la Contraloría del Estado). Dicho esto, la posición oficial de varios GADs es no iniciar acciones hasta que la normativa esté completamente clara. Esta decisión es razonable y precabida, pero lastimosamente posterga las acciones necesarias en favor de los animales y la salud pública.
Por otro lado, ratificamos un problema fundamental para garantizar el bienestar y salud de la fauna urbana. Los servicios de atención primaria en salud animal se encuentran superditados a la red privada, con nula o mínima intervención de la red pública. Además, los consultorios y clínicas veterinarias privadas están concentradas en los lugares de mayor comercio dentro de la ciudad, por lo que sectores periurbanos y rurales están prácticamente abandonados. La intervención de los GADs es tan intermitente y de corto alcance que mal haríamos en decir que existe una cobertura representativa. La desconcentración de servicios y la mejora de acceso a la salud animal es un tema que requiere un reordenamiento de las políticas nacionales y seccionales, caso contrario no se podrá desarrollar una intervención sostenida que cierre o minimice la brecha en los diversos problemas que afectan a los animales y a través de ellos a las personas y ambiente.
En otro sentido, los recortes presupuestarios nacionales y el exhorto (impositivo) para que los GADs hagan lo propio, impedirá la contratación de los profesionales necesarios para iniciar o mejorar los programas de manejo de fauna (prohibición de incremento de masa salarial); por otro lado, las órdenes de prorrogar los presupuestos del año 2018 restrigen la creación de partidas presupuestarias en las Planificaciones Anuales de Contratación PAC y las deja inmutables siguiendo la planificación realizada en el tercer trimestre del año 2017. Esto quiere decir, que si no se planificó nada ni se asignaron partidas presupuestarias y valores para el manejo de fauna urbana en el año 2017, tampoco se lo podrá hacer ahora y lo único que podría ocurrir es que las nuevas administraciones municipales (estamos en año electoral y los nuevos Alcaldes y Concejos se eligen en febrero 2019), realicen una reforma presupuestaria en junio de 2019 aproximadamente.
Por todo lo antes dicho, de nuestro análisis vaticinamos que para lo que resta del 2018 y buena parte de 2019, simplemente no habrá normativa aplicable (en la realidad, en la práctica, orientada al territorio), planificación, presupuesto ni contrataciones para un responsable y correcto manejo de la fauna urbana en el país.
Ojalá y nos estemos equivocando.
