Comunicado frente a la decisión presidencial de fusión entre los Ministerios de Ambiente y Minería
Julio de 2025
El reciente anuncio de fusión del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) con el Ministerio de Energía y Minas representa un grave retroceso para la protección ambiental y los Derechos de la Naturaleza en Ecuador.
El Ministerio de Ambiente nació en el año 1996, en respuesta a los compromisos que Ecuador adquirió frente a los nacientes esfuerzos globales de prevención y remediación de los impactos ambientales, motivados sobre todo luego de la Cumbre de Río de 1992. Los países firmantes debían comprometerse a crear instituciones (a nivel nacional y local) dedicadas exclusivamente a tratar los temas ambientales, desde el control, la prevención y remediación.
Más de dos décadas después y con mayor urgencia aún de preservar nuestro medio ambiente, el Ministerio adquiere el nombre “del Ambiente, Agua y Transición Ecológica” para garantizar el efectivo goce de los Derechos de la Naturaleza y de las comunidades a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, proteger dichos Derechos mediante la conservación y regeneración de ecosistemas y biodiversidad, preservar recursos hídricos, suelos y áreas protegidas, prevenir y reparar daños ambientales, promover tecnologías limpias, energías renovables y prácticas sostenibles, así como asegurar la participación activa de comunidades, pueblos y nacionalidades en las decisiones con impacto ambiental y fortalecer las políticas frente al cambio climático, tal como lo dispone la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos y ambientales.
En contraste, el Ministerio de Energía y Minas tiene como finalidad promover y regular la generación, distribución y aprovechamiento de recursos energéticos, actividades muchas veces ligadas a proyectos extractivos de alto impacto ambiental.
Fusionar estas dos carteras significa subordinar la tutela de los derechos de la naturaleza a intereses de explotación energética y minera, creando un conflicto de competencias y debilitando la institucionalidad ambiental.
Esta decisión amenaza con:
- Reducir las garantías normativas y jurisdiccionales para la protección de los ecosistemas.
- Limitar la participación de comunidades y nacionalidades en procesos de consulta ambiental.
- Debilitar la protección de los animales, recientemente reconocidos como sujetos de derechos, al subordinar su tutela a intereses extractivos y energéticos.
- Concentrar funciones incompatibles bajo una misma autoridad, diluyendo el control ambiental independiente.
Desde Terranimal comprometidos con la defensa de los derechos de la naturaleza y los animales, rechazamos este Decreto Ejecutivo y hacemos un llamado a la ciudadanía, organizaciones sociales y al sistema de justicia a exigir su derogatoria y a proteger los derechos ambientales y de los animales, que son progresivos, inalienables e interdependientes.
La Naturaleza no puede ser gobernada bajo una lógica meramente extractivista y de visión de corto plazo, lo que significa claramente “pan para hoy, hambre para mañana”.
Retroceder en derechos es retroceder en democracia.